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El Partido Socialista ha concluido una semana especialmente complicada. El domingo sufrió su peor derrota histórica en Andalucía, su tradicional feudo electoral. Además, un juez imputó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por supuestos delitos de corrupción, una decisión sin precedentes en la democracia española. En Moncloa preocupa especialmente que la próxima semana pueda conocerse el contenido íntegro del sumario.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero comparecerá como investigado ante la Audiencia Nacional en el marco del caso Plus Ultra dentro de once días. El magistrado instructor ha dado por acreditada la personación de tres acusaciones populares: el Partido Popular, Vox y la asociación Hace Oír. Otras cinco solicitudes se encuentran en fase de tramitación. El sumario principal de la causa, que se hará público el próximo lunes, se describe como voluminoso y se centra exclusivamente en la trama principal. Existen además varias piezas separadas que permanecen bajo secreto de sumario.

El Ejecutivo ha trasladado que la investigación judicial en marcha no tiene consecuencias para el gobierno ni para la estabilidad de la legislatura. Moncloa reitera que ni Pedro Sánchez ni sus ministros están implicados en el caso y señala que cualquier moción de censura debería presentarse si así lo desean los grupos de la oposición. Las dos fechas clave que se siguen de cerca son la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez y el momento en que se conozca el contenido íntegro del sumario.

El juez Calama investiga un supuesto intento de cobro de comisiones en torno al proyecto Hard Rock de Tarragona. Según el auto judicial, la trama habría buscado quedarse con hasta un 3% de una operación valorada en unos 2.000 millones de euros, lo que equivaldría a 60 millones. En la causa aparece mencionado Julio Martínez, vinculado por el juez al entorno de José Luis Rodríguez Zapatero. El macrocomplejo turístico y de casino nunca llegó a construirse, pero generó importantes consecuencias políticas en Cataluña. El caso contribuyó a la caída de los presupuestos de Pere Aragonés, adelantó las elecciones autonómicas y facilitó el acceso de Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat.